EL DERECHO PENITENCIARIO
21 JULIO 2015

Pese a que en la serie de televisión española «Vis a Vis» la trama transcurre en el interior de una cárcel privada, en la realidad este hecho sería imposible. Nuestro sistema legal no permite la privatización de los centros penitenciarios, aunque durante los últimos años muchas voces han legitimado una liberalización en la gestión de este tipo de instalación para reducir el coste público. El último en mencionar este tipo de sistema fue el presidente de la patronal, Juan Rosell, quien recordó que en algunos países ya está implantado. Pero, realmente, ¿qué supondría la implantación de cárceles privadas?

Lo cierto es que parte de este sistema ya se encuentran en manos privadas. Los centros de menores, por ejemplo, son gestionados por empresas que, eso sí, debido a la ley de reguladora de la Responsabilidad Penal, no pueden tener ánimo de lucro. Es por ello que organizaciones religiosas y ONGs suelen poseer estas licencias, por las cuales desarrollan programas fundamentalmente educativos.

Además, tal y como sostiene Juan Figueroa, vicepresidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), «algunos de los servicios que se llevan a cabo dentro de las prisiones, tales como el catering o la lavandería, se encuentran privatizados en determinados centros». Sin embargo, otros ámbitos como la gestión corren, por ley, a cuenta del Estado.

«Deshumanización» del recluso

Enrique Sanz Delgado, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, tomó el tema de las cárceles privadas para realizar su tesis doctoral. Según sus palabras, el modelo español se basa en «el formato proteccionista europeo del siglo XIX», en contraposición con el sistema americano e incluso británico, que permite una mayor privatización de estas instalaciones.

Esta última forma de gestión tiene, según Sanz, el problema de que «provoca una segregación de los reclusos, no se busca la reinserción, sino obtener un beneficio». En Estados Unidos, donde las cárceles privadas están muy desarrolladas, se produce, según el profesor, una «deshumanización» del penado.

Además, Enrique Sanz toma también otro inconveniente como referencia. Y es que en los centros penitenciarios privados prima la reducción de costes y la maximización del beneficio. Lo primero implica el desarrollo de instalaciones más deficientes o la «contratación de carceleros menos cualificados». En cuanto a los ingresos, Sanz relata que «las empresas normalmente reciben una compensación por cada penado, por lo que pueden tener interés en que las cárceles se llenen de gente».

Según el experto consultado, esta condición puede incluso provocar que ciertos «lobbys» empresariales que gestionen las prisiones puedan presionar al Ejecutivo de un determinado Estado para que legisle normativas más favorables. «Pueden existir intereses privados que modifiquen la política a su favor», afirma Sanz.

La clave del ahorro público

El principal argumento para privatizar las cárceles se refiere al ahorro de costes que supondría para el Estado. Sin embargo, este ahorro quizás no sería tan alto como se puede llegar a pensar en un primer momento. «Todos los estudios llevados a cabo reflejan que la privatización del sistema no aporta un mayor ahorro. No es cierto que sea un sistema más barato». Así de rotundo se muestra Enrique Sanz.

Juan Figueroa, por su parte, tiene la impresión de que «si el ahorro fuera tan importante ya se habría llevado a cabo en más países». De hecho, mientras en países como el Reino Unido, donde el 15% del sistema es privado, esta medida ha «dado problemas». El vicepresidente de Acaip sostiene que «España es uno de los países que menor gasto por interno posee».

Durante los años más duros de la crisis económica la privatización carcelaria fue una opción que llegó a tener un buen número de adeptos en España. Ahora, sin embargo, parece claro que la cárcel de «Vis a Vis» solo podrá reproducirse en la ficción.