EL DERECHO PENITENCIARIO
26 AGOSTO 2015

En la cárcel de Alhaurín de la Torre hay dos funcionarios para 140 presos. Cada dos presos comparten una celda a pesar de que, según la ley penitenciaria, debería haber sólo un recluso en cada una, y la situación empeora en el módulo de mujeres, donde han llegado a compartir habitación, lavabo e inodoro de tres en tres. Los sindicatos denuncian que estas situaciones se solucionarían con la apertura de la prisión de Archidona, que el Gobierno ha retrasado al menos hasta 2017 sin ninguna certeza de si esa fecha habrá que posponerla aún más.

Según datos de UGT Málaga, en la prisión de Alhaurín de la Torre hay 1.146 presos, cuando la capacidad máxima de esta cárcel es de 900 reclusos. En el otro centro penitenciario de Málaga, el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, hay 505 residentes siendo la capacidad de un máximo de 200.

«Los presos no sólo hacen uso de una misma celda por parejas, también comparten un comedor, unas clases o unas duchas que están destinados para la mitad de personas», cuenta Francisco Macero, que trabaja en la prisión de Alhaurín y es cabeza del sindicato de prisiones Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en Málaga.

Además del hacinamiento de los reclusos, los funcionarios temen por la falta de personal de vigilancia dentro de las prisiones. «El problema de los dos vigilantes por módulo -un módulo son 140 presos- está en que no hablamos de vigilarlos sólo mientras están en la celda. Los presos pasan 12 de las 24 horas del día fuera de las celdas, en el patio, aseándose, en el comedor... y es ahí donde surgen los altercados entre ellos y donde sólo hay un vigilante para arreglarlo», lamenta Macero.

¿Sólo un vigilante? «Cuando hablamos de dos funcionarios para 140 presos, es que ni siquiera son dos funcionarios pendientes de los presos. Uno siempre tiene que quedarse en el 'búnquer' -'oficina' que hace de centralita-, donde están todas las llaves y los botones que abren las puertas, así que sólo hay otro con los reclusos, estén donde estén», afirma Antonio González, responsable de UGT prisiones Málaga.

Los funcionarios de Alhaurín, cuentan fuentes sindicales, ven el origen de la escasez de vigilantes y del exceso de presos en el mismo sitio: la ausencia de una oferta de empleo público para conseguir personal que contratar en las prisiones. No hay vigilantes de prisiones con los que cubrir las bajas o jubilaciones que faltan por cubrir y por lo tanto tampoco los hay para abrir prisiones nuevas. ¿El origen del problema? Durante la crisis, el Gobierno no sacó oposiciones a vigilantes de prisiones, y aunque ahora los exámenes se han reactivado, las plazas convocadas no son suficientes ni para abastecer a todas las prisiones de España, ni para llenar otras, como la de Archidona, del personal necesario.

«Hay funcionarios que han fallecido, que se han jubilado o que están en excedencia, y esas plazas no se cubren», afirma González, de UGT y también funcionario en Alhaurín. Chema López, delegado de prisiones de CCOO a nivel estatal, también lamenta la falta de personal. «En Alhaurín el año pasado se perdieron 30 y pico plazas. A nivel estatal, en los últimos cuatro años hemos perdido unos 2.000 funcionarios que no se han reemplazado», cuenta.

Esto se manifiesta de forma especialmente gráfica en el Centro Evaristo Martín Nieto, en el Polígono Guadalhorce, que tiene el mayor número de internos de España (505) junto con el Centro Victoria Kent de Madrid, y la mitad de personal que éste (13 funcionarios de vigilancia), según datos de CCOO.

«Y hemos pedido a nivel nacional la apertura de Archidona, en repetidas ocasiones, pero para eso hace falta una convocatoria de empleo público extraordinaria y ellos dicen que están en recortes. Las consecuencias son para los presos y para los funcionarios: las agresiones a ambos son constantes», dice López.

Este periódico no ha conseguido, pese a repetidos intentos, ponerse en contacto con ninguna fuente del Gobierno, de Instituciones Penitenciarias o de la dirección de Alhaurín que den su versión de la situación.

«El grado de hacinamiento de los presos en Alhaurín es alarmante», asegura González, «además de que se incumple la ley general penitenciaria al no mantener el principio de 'un interno por celda', la ley también dice que los reclusos tendrán que cumplir cerca de sus lugares de origen para evitar el desarraigo». «Muchos penados malagueños están cumpliendo fuera de la provincia y eso obliga a los familiares a desplazarse, etcétera. Y mientras, Archidona está ahí, nueva, cuando podría albergar 2.000 presos», añade.

«Apareció hace poco la noticia de un concejal que se hacía suicidado en la cárcel. Es que con esta escasez de personal no podemos garantizar la seguridad de los reclusos, ¿cómo podemos estar pendientes de lo que hace cada uno en su celda, si solo hay una persona para todos?», se pregunta Macero.

El problema, sin embargo, podría ir más allá de abrir o no Archidona. Macero lamenta que el ritmo al que se llenan las cárceles «no es normal» y que la sobresaturación volvería a Alhaurín e incluso aparecería en la prisión de Archidona «no mucho después» de que ésta empezase a funcionar. Pero la solución a este problema de fondo parece ser que sí llegará mucho más allá de 2017.