EL DERECHO PENITENCIARIO
29 MAYO 2015

Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, condenado a cuatro años de prisión por dirigir una trama de obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral desmantelada por la Operación Karlos, recibe un trato privilegiado en la cárcel, sostienen cuatro sindicatos. Carretero tiene pendiente un juicio por fraude a la Hacienda Pública con la emisión de facturas falsas. En ese caso, destapado por la Operación Halcón, el fiscal pide para él 36 años de prisión. En esas circunstancias, afirman Acaip, CSIF, Apfp y UGT, ningún otro interno progresa a tercer grado penitenciario ni es propuesto para permisos de salida, uno de 12 días y otro de 15, como le ha sucedido a Carlos Carretero.

Las secciones del centro penitenciario Puerto 3 de los cuatro sindicatos firman un escrito en el que señalan que consideran "intolerable" esa situación, ese "trato de favor". El escrito no menciona el nombre del interno al que se refieren, pero se trata de Carlos Carretero, que ingresó en prisión en febrero de 2012. "Es un insulto a la institución, a la ciudadanía y al resto de los internos. Esto, simple y llanamente es reírse del encomiable trabajo de la Fiscalía", indican los sindicatos.

Carretero, interno en Puerto 3, tiene actualmente concedidos dos permisos de salida de la prisión, de 12 y 15 días, que deben ser ratificados por la juez de Vigilancia Penitenciaria. Los sindicatos explican que esos beneficios fueron promovidos por el director de ese centro penitenciario, Miguel Ángel Rodríguez, a quien el pasado noviembre ya señalaron como promotor de permisos a "internos de guante blanco".

"Estos casos se dan siempre en internos con el mismo perfil", señalan los sindicatos. "No vamos a permitir", afirman, "que cargos propuestos y nombrados a dedo por el Gobierno de turno (se refieren en este caso a Miguel Ángel Rodríguez) intenten establecer dentro de los centros penitenciarios dos clases o categorías de internos en función de la condición social de cada uno".

Los directores de los centros penitenciarios y su equipo directivo, añaden los sindicatos, "no deben tales cargos a su valía profesional (la tengan o no la tengan) ni a su trayectoria profesional sino al capricho del Gobierno central de turno; es decir, que sus cargos se podrían considerar políticos". En ese escenario, los sindicatos resaltan "la dilatada y experimentada vida profesional del director de Puerto 3".

Carlos Carretero solicitó el año pasado la libertad condicional. En principio, el fiscal no se opuso a la concesión de ese beneficio. Pero un mes después, tras haber obtenido el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria información adicional, el fiscal modificó su anterior informe y se opuso a la libertad condicional.

La Juez de Vigilancia Penitenciaria de El Puerto analizó entonces la petición y el pasado octubre dictó un auto en el que decidió, en línea con la opinión del fiscal, no aprobar la libertad condicional. La juez explicaba que Carretero había observado buena conducta en general, que se encontraba clasificado en tercer grado y que había obtenido un pronóstico de reinserción social favorable pero que no por unanimidad sino por mayoría. Buena parte de los integrantes del equipo técnico habían votado en contra de ese pronóstico favorable y también de la progresión al tercer grado: argumentaban que llevaba escaso tiempo clasificado en tercer grado y que no había elementos suficientes para evaluar su evolución en régimen abierto.

La juez argumentaba también su negativa a la libertad condicional en el tipo de oferta laboral que había presentado Carretero. Se trataba de una actividad laboral, explicaba la juez, que "presenta las misma características que la que desarrollaba cuando cometió el delito por el que cumple condena, que es un delito continuado de falsedad en documentos públicos oficiales", lo que alejaba ese puesto de trabajo de las características que requiere en una libertad condicional: ser un factor positivo de reinserción sociolaboral del interno.