La cobertura de las plazas de los interinos por funcionarios de carrera puede suponer el despido de muchos interinos, aunque la subdirectora general de Recursos Humanos no ha desvelado ningún detalle de cómo va a ejecutar esta sentencia que ha perdido la Administración.

Abanico de soluciones

La Administración Penitenciaria dispone de un amplio abanico de posibilidades para ejecutar las dos sentencias que ha perdido. Por ello es previsible que se busque una fórmula que perjudique lo menos posible a los funcionarios interinos que trabajan actualmente en prisiones. Según las cifras que la Administración ha puesto encima de la mesa, se trata de unos 155 funcionarios interinos aproximadamente.

La inminente incorporación de 70 funcionarios en prácticas que acaban de aprobar la oposición del Cuerpo de Ayudantes también facilita las cosas a la Administración, ya que puede disponer de estos funcionarios para cubrir huecos en los centros con más problemas de personal. La falta de personal es generalizada en todos los centros. Las jubilaciones de funcionarios del Cuerpo Especial y el Cuerpo de Ayudantes se está notando en muchos centros.

En Topas, por ejemplo, los sindicatos han denunciado que en los últimos años el único funcionario que se incorporó lo hizo por un concurso de traslados en 2012. La plantilla se encuentra muy envejecida y la edad media de los trabajadores oscila entre los 45 y los 55 años, por lo que los sindicatos auguran que «este verano habrá colectivos que no podrán coger vacaciones porque no habrá personal suficiente». Para colmo, desde el año 2012 se han producido 35 jubilaciones y 40 funcionarios se encuentran en una situación de segunda actividad.

El panorama se complica todavía más en la cárcel salmantina por las 60 vacantes de funcionarios que no han sido cubiertas, fruto de la severa tasa de reposición, lo que equivale al 15% de la plantilla. A todo ello hay que sumar las 80 jubilaciones de empleados que se producirán a lo largo de los próximos años, según desglosa el secretario general de la sección estatal de Instituciones Penitenciarias de CCOO, Ángel Moreno.

Por su parte, Jesús Otín, de UGT, considera que lo que ocurre en Topas es un fiel reflejo de la falta de recursos humanos y de la adopción de «malas decisiones» en el día a día. En cuanto a la privatización de la seguridad exterior, el responsable de UGT estima que es un «derroche» destinar los citados 40 millones a un servicio que podía ser cubierto por el empleo público y no por el sector privado. .