A la protesta de Teruel fue el presidente de Acaip, Luis Pascual (izda.).

Como a buen entendedor pocas metáforas bastan, los funcionarios de prisiones afiliados al sindicato mayoritario Acaip reprodujeron ayer en Zaragoza y Teruel sus protestas por la situación del sector repartiendo chorizos a los ciudadanos que se acercaron a interesarse por sus reivindicaciones. Unos embutidos con el declarado propósito de agradecer a la gente su apoyo, pero exhibidos bien cerca de la imagen del secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, cuya destitución se ha convertido en una de las principales reivindicaciones ante su falta de negociación.

Según explicaba el secretario de Acción Sindical de Acaip, Óscar Alonso, que participó ayer en la protesta ante la Delegación del Gobierno en Aragón, en Zaragoza (hubo otra en Teruel, ante la subdelegación), sus reivindicaciones no han cambiado mucho desde que, hace apenas dos meses, tanto ellos como el resto de sindicatos, agrupados, decidieran darle visibilidad a sus reclamaciones.

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Bordear la legalidad

«Lo que ha cambiado básicamente es que han destitutido al director de la prisión de Murcia, como pedíamos, a raíz del suicidio de un preso en el que creemos que no se aplicaron correctamente los protocolos de prevención», explicaba. Les faltaría el de la prisión de Dueñas, en Palencia, al que también relacionan con el uso indebido de «la celda 61», en la que algunos presos han de permenacer en aislamiento bajo medidas que «bordean la legalidad», como el estar toda la noche con luz, con vigilancia constante y por periodos demasiado largos, a juicio del sindicato.

La destitución de este, en cualquier caso, no colmaría las expectativas de Acaip, que básicametne se centran en una regulación propia del sector (la actual data de 1996, pero es calcada a la de 1981), la adscripción a Justicia ne lugar de a Interior, la consideración como agentes de la autoridad a todos los efectos (desde especial protección legal hasta presunción de veracidad) y la implementación de «un protocolo antiagresiones de verdad», ya que el recientemente promulgado, por ejemplo, «ni siquiera considera como tales las amenazas».

Acaip ha organizado una campaña de reparto de chorizos a nivel nacional.

El sindicato reclama asimismo personal, ya que cuentan con 3.500 vacantes a nivel nacional (unas 925 en Aragón) y «el 40% del personal tiene más de 50 años».

Las cárceles aragonesas son buenos ejemplos de las carencias: en Teruel, según recogió Efe en la protesta, hay partes remodeladas que no se pueden abrir por falta de personal; en Zaragoza se registraron el año pasado 20 agresiones, la segunda prisión del país tras Estremera (Madrid), y el recorte del 75% en personal de limpieza hace que los presos empleados en esta tarea tengan que entrar en zonas de seguridad para adecentarlas