Myriam Tapia Ortiz, subdirectora general de Penas y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias.

La Federación Riojana de Municipios (FRM) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organizaron ayer en el Centro Cultural Ibercaja un encuentro para informar a los alcaldes riojanos de las ventajas del cumplimiento penal alternativo y de la obligación de las corporaciones locales de facilitar plazas y colaborar en el modelo. La iniciativa acercó a la capital riojana a Myriam Tapia Ortiz, subdirectora general de Penas y Medidas Alternativas, quien, acompañada por el consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, y el presidente de la FRM, Roberto Varona, aclaró las dudas durante un acto que contó con la presencia de numerosos alcaldes riojanos. Antes, en unas declaraciones, defendió las bondades de «una medida por y para la comunidad».

- ¿Cuáles son las ventajas del sistema de penas y medidas alternativas?

- La ventaja fundamental que tiene el cumplimiento de una pena alternativa a la privación de libertad es que no se separa al sometido de su entorno social, familiar y laboral, con lo que puede seguir con su vida en libertad, pero cumpliendo con la responsabilidad penal que se la haya impuesto. Además, se evita una cierta pasividad del infractor cuando va a prisión, porque este cumplimiento penal es muy práctico, muy dinámico y muy útil; frente a la pasividad, se ofrece una actividad, desarrollar algo que beneficie a los demás.

- ¿De qué tipo de delitos hablamos?

- De delitos menos graves o faltas. Han ido evolucionando en el tiempo, ya que hasta hace poco hablábamos mayoritariamente de delitos de seguridad vial o de casos de violencia de género, pero hoy en día cada vez más los jueces optan por la ejecución penal alternativa a las penas de privación de libertad, por lo que se dan una gran variedad de delitos y premisas: delitos con el patrimonio, pequeños robos y hurtos; delitos contra las personas, sobre todo lesiones; delitos aparejados a problemas de drogodependencia; todo lo relacionado con protección del medio ambiente, defensa de los animales, pornografía infantil en redes sociales, amenazas, coacciones, acoso escolar... El año pasado se ejecutaron alrededor de 150.000 mandamientos judiciales en penas y medidas alternativas.

- ¿Cuáles son las penas o medidas alternativas más habituales?

- En las medidas hablamos de tres grandes frentes: los trabajos en beneficio de la comunidad, las suspensiones de condena y la sustituciones de pena. En cuanto a las penas, tanto de la realización de tareas de utilidad pública como la ejecución de programas o talleres de reinserción del propio penado.

- ¿Hay un perfil tipo del infractor beneficiario de este sistema?

- En líneas generales no se trata de una persona 'prisionizada', ya que en un altísimo porcentaje hablamos de delitos primarios. Es un perfil muy normalizado, sobre todo en el caso de los delitos de seguridad vial, donde todos estamos expuestos en un determinado momento.

- Este modelo emana del Código Penal de 1995, pero ¿cuándo se empezó a aplicar en el ámbito local?

- Nosotros trabajamos desde hace años en esta nueva vertiente penitenciaria, sobre todo desde la reforma del Código Penal del 2010 y el Real Decreto 840/2011, que es el que impone la obligatoriedad a las administraciones locales de asumir la corresponsabilidad penal ofertando las plazas necesarias para que el penado pueda cumplir la condena en el ámbito de su propia actuación.

- ¿Cuál es el funcionamiento?

- Desde Instituciones Penitenciarias hacemos un ejercicio de control como garantes del cumplimiento de la pena ante el juez de vigilancia penitenciaria y ante el juzgado ejecutor. Si hay cualquier tipo de problema la entidad colaboradora queda al margen, ya que su labor consiste únicamente en proporcionar las plazas necesarias para que podamos derivar a los penados y comunicar a Instituciones Penitenciarias cualquier tipo de incidencia que pueda haber. De hecho, no hay ningún gasto para la entidad, ya que todo está cubierto por el Ministerio del Interior, incluida la Seguridad Social del penado.

- ¿Hay ayuntamientos en La Rioja que se hayan adherido al sistema?

- Muchos, al menos una treintena. La colaboración en La Rioja es muy buena y estamos aquí para potenciarla aún más, para ir a la excelencia.